El servicio de inmigración anunció que la decisión será publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) a más tardar el próximo lunes 6 de noviembre.

"Albertina González no se llama Albertina González. Pidió que su nombre se mantenga en secreto porque tiene miedo de que el gobierno de Donald Trump cancele el TPS de Honduras y Nicaragua, “y nos vengan a buscar para deportarnos”, dice en voz baja, para que nadie más escuche sus palabras.

González es una de los poco más de 57,000 hondureños protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el gobierno de Estados Unidos tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de 1998. El beneficio les concede un amparo de la deportación y una autorización temporal de empleo."

El programa ha sido renovado puntualmente cada vez en el plazo determinado por ley: 60 días antes del vencimiento de la última prórroga. Pero el pasado 13 de julio, un día después de la reunión a puertas cerradas entre el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, y el Caucus Hispano Demócrata del Congreso, se encendieron todas las alarmas.

“Nosotros nos reunimos con el secretario del DHS. Déjenme ser bien claro y sin ser alarmista. El secretario Kelly nos dio claras indicaciones de que él va a eliminar el programa TPS”, dijo a Univision Noticias el representante Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois).

 “Ese día el corazón me dio un vuelco”, dice González. Por primera vez el miedo se apoderó de ella, de su esposo, sus cuatro hijos (todos residentes legales permanentes) y seis nietos estadounidenses. “No quiero imaginarme si el presidente (Donald Trump) lo cancela”, dice.

El segundo aviso

Nueve días después de la reunión entre Kelly y el Caucus Hispano, el secretario del DHS comentó, durante una entrevista a The Associated Press, que los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos a causa de desastres que se registraron en sus países hace años, quizás deberían empezar a pensar en volver a casa.

El funcionario envió entonces claras señales de que el TPS no deberían ser indefinido, como han sido hasta ahora para miles de indocumentados originarios de Centroamérica y Haití. “El punto no es que el país (del que llegaron) se recuperará completamente de todos sus males”, indicó. “El punto es que, cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese evento ha concluido y ya pueden regresar”.

El TPS de Honduras y Nicaragua vence el 5 de enero de 2018. Si el DHS no anuncia una prórroga a más tardar el 6 de noviembre, el programa termina en la fecha señalada. Por su parte, el TPS de El Salvador concluye el 9 de marzo de 2018 y el DHS tiene plazo hasta el 8 de enero para anunciar si lo extenderá por otro período de tiempo.

En el caso de Haití, el 24 de mayo Kelly anunció que el gobierno concedía la última prórroga de seis meses. El gobierno de Trump consideró que el plazo otorgado era suficiente para que los poco más de 57,000 haitianos indocumentados protegidos por el programa se prepararan para regresar a su país.

 

Anuncio inminente

El viernes circularon rumores de que el DHS hará un anuncio la próxima semana respecto a los TPS de los tres países centroamericanos y Haití. A través de uno de sus voceros, la dependencia federal dijo a Univision Noticias que “no se ha tomado ninguna decisión todavía”. Y una fuente de la Casa Blanca comentó que, por ahora (la noche del viernes), “no hay ningún registro sobre esto”.

Fue la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) la que proporcionó los primeros detalles que permitieron confirmaron una parte de los rumores: “Lo que puedo decirle ahora es que no se ha tomado ninguna decisión (por el momento) sobre el futuro del programa”, dijo la portavoz Sharon Scheidhauer. “El TPS para Honduras y Nicaragua vence el 5 de enero de 2018 y el TPS de El Salvador vence el 9 de marzo de 2018. Cuando se acerque la fecha de vencimiento para un país designado, el secretario del DHS revisará las condiciones de cada país individualmente para determinar si continúa cumpliendo con las condiciones legales para mantener el beneficio”.

Scheidhauer agregó que, “en cuanto a la fecha del anuncio, se requiere una determinación del secretario del DHS al menos 60 días antes de la fecha de vencimiento. Nuestro objetivo, añadió, es anunciar la decisión a través de un aviso del Registro Federal (diario oficial estadounidense) y el sitio web (de USCIS) para ese momento, siempre que sea posible”, indicó.

A la pregunta de si la agencia compartirá los datos de identificación de los miles de indocumentados protegidos por el TPS con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para fines de deportación, la funcionaria dijo que la agencia responderá la “próxima semana”.

El TPS puede ser designado debido a las siguientes condiciones temporales:

  • Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil).
  • Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia.
  • Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

La USCIS agrega que los beneficiarios no serán expulsados de Estados Unidos, pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) y tramitar una autorización o permiso de viaje.

 

 

  “Lo tenemos todo aquí”

González y su esposo llegaron a Estados Unidos en 1996 huyendo de la guerra civil y del gobierno sandinista de Daniel Ortega. “Vinimos a trabajar, a ganarnos la vida”, dice. “Aquí uno tiene su casa, su familia, sus hijos, sus nietos. Lo tenemos todo aquí. No puedo imaginarme regresar, allá no tenemos nada”.

Por ratos González guarda silencio. Busca palabras para responder y se detiene. “No sé cuánto decirle”, comenta. Intenta cortar la llamada, pero decide seguir con la entrevista. “Quisiera que este señor (Trump) nos dejara en paz. Él está aquí porque lo pusieron los americanos que votaron por él. Pero debería dejarnos tranquilos porque nosotros aquí venimos a trabajar. Nunca le hemos pedido nada a este gobierno, sólo hemos trabajado duro y hemos pagado nuestros impuestos”.

A la pregunta de qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente suyo, responde: “Que se compadezca de todos los cristianos que venimos a este país a trabajar honradamente. Imagínese, hace más de 20 años que uno tiene una vida hecha aquí. Nosotros entramos legalmente y nos quedamos por las circunstancias de Nicaragua en la época del sandinismo. Mi esposo estuvo 10 años preso y le negaron el asilo. Ahora nos quieren negar la vida”.

 

 

El TPS en números

Un reciente estudio del Centro para el Cambio Americano (Center for American Progress, CAP) y del Centro de Recurso Legales para el Inmigrante (Immigrant Legal Resource Center, ILRC) estima que Estados Unidos perderá $164,000 millones del PIB en los próximos 10 años si el gobierno de Trump cancela el TPS de El Salvador, Honduras (incluyendo Nicaragua) y Haití, y los poco más de 300,000 beneficiarios son retirados de la fuerza de trabajo al perder sus autorizaciones de empleo.

La cancelación también reduciría en $6,900 millones las contribuciones al Seguro Social y Medicare en una década, y los empleadores experimentarían una pérdida estimada de $960 millones.

"Los inmigrantes que tienen TPS son miembros profundamente arraigados en sus comunidades desde hace mucho tiempo. Son dueños de casa y padres de ciudadanos estadounidenses, contribuyen a la economía y brindan apoyo financiero crítico para ayudar a la recuperación y la estabilidad en sus países de origen. Todo esto debería considerar el gobierno de Trump al decidir el futuro de TPS", dice Nicole Svajlenka, analista de políticas sénior de Política de Inmigración del CAP y co-autora del informe.

"Si el DHS termina el TPS, los beneficiarios del programa se enfrentarán a una elección impensable: regresar a países que todavía enfrentan muchas de las mismas condiciones que los llevaron a la concesión inicial de TPS, o permanecer en Estados Unidos sin un estatus legal de permanencia”, agrega.

 

 Otros datos del estudio

  • En promedio, los beneficiarios del TPS de Honduras han vivido en los Estados Unidos durante 22 años, de El Salvador un promedio de 21 años y de Haití un promedio de 13 años.
  • Los beneficiarios del TPS son miembros integrados a largo plazo de comunidades en todo el país, pero la mayoría se concentra principalmente en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland.
  • Casi un tercio de los hogares con titulares de TPS salvadoreños, hondureños y haitianos tienen hipotecas, lo que es indicativo de su búsqueda activa de una propiedad de vivienda. Ello trae consigo importantes contribuciones a las economías locales en forma de impuestos a las ventas y a la propiedad. Terminar el TPS eliminaría la capacidad de los destinatarios para trabajar legalmente, lo que aumentaría el riesgo de ejecución hipotecaria para las familias con miembros de TPS que podrían tener efectos económicos negativos para comunidades enteras.
  • Los titulares de TPS salvadoreños, hondureños y haitianos tienen un total de 273,200 niños ciudadanos nacidos en Estados Unidos, que correrían graves riesgos si el DHS cancela el TPS.
  • Los beneficiarios del TPS de El Salvador, Honduras (y Nicaragua) y Haití que tienen un empleo laboran principalmente en la construcción, restaurantes y otros servicios de alimentos, cuidado infantil y tiendas de abarrotes.
  • El 77% de los titulares de TPS salvadoreños y hondureños envían remesas que representan el 9 por ciento de sus salarios mensuales a sus países de origen, dineros esenciales para facilitar la recuperación y reforzar las economías de los países designados para TPS.

Estafas en curso

Mientras se llevaban a cabo las entrevistas para elaborar esta nota, Univision Noticias detectó que en el sur de Florida algunos beneficiarios de TPS, preocupados por el futuro del programa, han sido víctimas de posibles estafas por parte de gestores, e incluso abogados.

“Unos amigos nos mostraron cartas del gobierno donde les dicen que ya recibieron los papeles de renovación del permiso de trabajo”, cuenta González. “Yo los vi, y en uno de ellos decían que puede ver el estado de su caso por internet”.

La gestión la hizo un abogado quien les ofreció, a cambio de un pago, llenar formularios. Cuando los documentos fueron enviados, la agencia envió la nota mencionada por González.

“Eso es común”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Pero la carta no significa que el gobierno aceptó y concedió el beneficio solicitado, sólo está diciendo que recibió el formulario I-765” de autorización de empleo.

“Híjole”, agrega, sorprendido. “Están usando ese documento como una forma de fraude para decirle al empleador, por ejemplo, que el nuevo permiso está en curso, y que mientras la solicitud está en proceso el permiso de trabajo sigue válido. Pero no lo es, porque por ahora el gobierno no ha dicho si renueva o no el TPS”.

Gálvez dijo que la USCIS debería emitir una alerta para prevenir a los beneficiarios del TPS de posibles estafas. Y los inmigrantes “deben tener en cuenta que un error puede hacerlos perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.

 

 

Por:  Jorge Cancino  

Cortesia de ©Univision.com

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