El programa, que protege de la deportación a unos 788,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos, pende de un hilo tras un ultimátum puesto por 10 fiscales generales y un gobernador.

A pesar del endurecimiento de la política migratoria tras la llegada del presidente Donald Trump en enero, las dos centroamericanas y sus pequeños esperarán libres la decisión de los jueces sobre sus casos de asilo.

El gobierno de Trump dice que entre el 1 de febrero y el 31 de julio, las cortes dictaron 49,993 órdenes de deportación, lo que supone un importante incremento respecto al mismo periodo de 2016, Sin embargo, no reporta cuántas de ellas fueron emitidas en ausencia.

El legislador texano John Cornyn, número dos del Partido Republicano, junto a otros tres senadores, presentaron este jueves un proyecto para asignar fondos para el muro, anular el poder de las ciudades santuario y ordenar detener a todos los niños de la frontera para deportarlos.

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