Inmigrantes de Haití y Nicaragua, así como dreamers protegidos por DACA, ya no pueden gestionar permisos de viaje, y los residentes legales con antecedentes criminales, deben primero hablar con sus abogados antes de poner un pie fuera.

El grupo dice que los dreamers "son miembros que contribuyen con nuestras comunidades y nuestra economía”, y advierten que, si no se aprueba una ley, cada día que pasa los deja expuestos a ser deportados de EEUU.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional busca extender a nivel nacional un modelo de expulsión expedita autorizada por el Congreso en 1996 y que por ahora funciona hasta 100 millas de la frontera.

154,000 jóvenes inmigrantes estaban llamados a renovar, pero según los últimos datos lo lograron 118,000. Las asociaciones hablan de falta de dinero, miedo, desinformación y problemas de causa mayor.

Desde el 11 de septiembre, unas 120 organizaciones proinmigrantes y políticos han solicitado al DHS que amplie la fecha de renovación de DACA por el paso de los huracanes Harvey, Irma y María por Texas, Florida y Puerto Rico.

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