En noviembre el DHS les canceló el programa humanitario y les otorgó una última prórroga de 12 meses hasta el 5 de enero de 2019. Si no legalizan su permanencia en ese lapso, deberán irse de EEUU.

Los beneficiarios del programa deberán enviar el formulario I-821 y gestionar una nueva autorización de empleo, señala el reglamento publicado en el Registro Federal.

Inmigrantes de Haití y Nicaragua, así como dreamers protegidos por DACA, ya no pueden gestionar permisos de viaje, y los residentes legales con antecedentes criminales, deben primero hablar con sus abogados antes de poner un pie fuera.

Si bien demócratas y republicanos coinciden en debatir una ley para regularizar a los dreamers, la disputa se centra en la exigencia de la Casa Blanca de incluir fondos para construir el muro y aumentar las deportaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a Univision Noticias que anunciará en cualquier momento a partir del lunes 6 de noviembre si extiende o cancela el amparo de las deportaciones de unos 60,000 indocumentados centroamericanos.

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